Pedagogía para la paz

Dos temas que van a ser fundamentales para el proceso del mal llamado proceso de paz, y por lo tanto deben recibir atención prioritaria, son la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el diseño y la implementación de una estrategia de pedagogía ciudadana sobre los alcances de los acuerdos de La Habana y los deberes y los derechos que de ellos se deriven, tanto para los servidores públicos como para los actores políticos y la ciudadanía en general.

Todas las instituciones tienen un papel fundamental desde el momento que se firme el cese del conflicto en un eventual escenario de posconflicto. No solamente tendrán la responsabilidad de diseñar y poner en marcha los instrumentos y reformas necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos a los que se llegue en La Habana, sino para garantizarles a los ciudadanos en general, y a las víctimas en particular, así como a los diferentes actores y sectores políticos, que sus derechos serán respetados. De otra parte, serán las encargadas de vigilar que los recursos destinados al posconflicto no se desvíen para favorecer intereses particulares y que los funcionarios públicos no entorpezcan los procesos conducentes a la realización de los acuerdos. Por eso, recuperar la credibilidad y la legitimidad en nuestras instituciones es esencial.

Por esto es indispensable diseñar y comenzar a implementar una campaña de pedagogía ciudadana, que, sin vulnerar los acuerdos de confidencialidad pactados y requeridos para la fase en la que se encuentran los diálogos entre el Gobierno y las Farc, tenga como propósito que los ciudadanos se apropien del proceso, conozcan y entiendan los alcances del mismo, así como sus limitaciones. Es decir, que los compromisos no sean vistos como un pacto a puerta cerrada, exclusivo y excluyente, entre los delegados gubernamentales y la guerrilla, como lo ven muchos sectores del país, sino como un acuerdo que convoque al Estado en su conjunto y al mayor número posible de ciudadanos, organizaciones políticas y de la sociedad civil y al sector privado. Asimismo se debe buscar que quienes por vías legítimas y legales disientan o se opongan a los acuerdos sean igualmente respetados y escuchados.

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